Luisa Etxenike

“La libertad de usar todos los tonos”, escribió sabiamente Albert Camus. Y es verdad que hay mucha sensación de libertad, mucha comprensión de lo que significa ser libres en la capacidad de abordar determinados asuntos en un tono distinto del que nos impone su argumento; de tomarse, por ejemplo, en serio lo leve, o de introducir la risa, es decir, el espejo en aquellas cuestiones que más se empeñan en no verse reflejadas.

La libertad, pues, de usar todos los tonos. Y es muy probable que la sociedad vasca sea una de las mejores preparadas del mundo para comprender esta frase, el sentido profundo de la libertad tonal. Porque una de las tantas cosas de las que nos ha venido privando el terrorismo es de la posibilidad de aplicar alegre, despreocupadamente, ciertos tonos a ciertos asuntos. La violencia nos ha acotado, alambreespinado también el territorio de la ironía y el humor.

De ahí el interés y sin duda el éxito de un programa como Vaya Semanita, del que no me confieso fan incondicional -creo que sus guiones ganarían si no se apoyaran tanto en el solo tirón del estereotipo-, pero al que, desde luego, sí reconozco el (no pequeño) mérito de haber reducido el terreno de los temas tabú para la risa; de haber recuperado para la sociedad vasca cuotas de humor expropiadas durante decenios, no sólo por la tragedia, sino por los discursos (tantos) que han sostenido la intocabilidad de ciertos asuntos, o si se prefiere la idea, escalofriante, de que determinados asuntos deben estar excluidos del trajín del pensamiento crítico, y por ello, de la libertad tonal. Afortunadamente, estas ideas tienen cada vez menos adeptos y el humor avanza entre nosotros, se va abriendo paso en lo más serio, va desmontando silencios y alambradas.

Tal vez como un signo de esos nuevos tiempos hay que leer el hecho de que el Gobierno vasco haya acudido para su nueva campaña de tráfico a dos personajes de Vaya Semanita: el Jonan y el Txori, cuyo habitual aturullamiento verbal y mental se serena aquí para decir que las normas de tráfico están para cumplirse, esto es, para vivir; porque pasarse de velocidad al volante es apostar por el descalabro y la tragedia. Ellos, como lo ven claro, se comprometen igual, de un modo meridianamente inteligible a “respetar todos los límites de velocidad”. En una única frase, suficiente, y cuya brevedad realza, dobla su sentido. Que lo bueno si breve, etcétera.

Y no me resisto a cerrar estas líneas de libertad tonal ensayando la ironía, por la vía de contrastar esa brevedad con los 36 folios (sic) del documento con el que Batasuna dice querer decir lo que aún no ha hecho, que es condenar la violencia e ilustrar la independencia que pretende para el país con el ejemplo de su propia independencia. Treinta y seis folios son, sin duda, demasiados; cuesta mucho retener su fórmula. Tal vez no sería mala idea que pidieran consejo al Jonan y al Txori para diseñar alguna forma de comunicación más corta y creíble.

En la reapertura estos días de la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa -contra la que ETA atentó hace un año, hiriendo a once personas, de las cuales cinco siguen de baja-, el lehendakari apelaba a la responsabilidad colectiva para deslegitimar el terrorismo, como tarea que nos incumbe a todos, “que empieza en cada uno de nosotros”. Y es fácil suscribir esas palabras, en la medida en que oponerse a la violencia, condenarla del modo más definitivo, es una cuestión eminentemente ética, esto es, absolutamente íntima, de las que tarde o temprano deben abordarse por dentro para activar por fuera su sentido. Acabar con el terrorismo pasa por dejarle sin aire social, por sumar y sumar repulsas individuales hasta que el total signifique todo, toda la sociedad unida en una condena, en un rechazo unánimes. “Cayó unánime la noche”, escribió Borges, pero para nosotros se haría de día, amanecería en Euskadi, verdaderamente, por primera vez. Y ya es hora.

En el mismo sentido de apelar a alguna forma de totalidad ha parecido manifestarse también el PNV. Y digo parecer porque claro del todo no ha quedado (lo que tampoco resulta novedoso). Así, mientras Iñigo Urkullu afirmaba que “nuestro compromiso es seguir trabajando en el debilitamiento de ETA, tanto en el plano organizativo como en su deslegitimación social”, y ofrecía acometer un trabajo “integral” para alcanzar “un acuerdo que nos permita abordar unidos la lucha”; mientras Urkullu manifestaba que su partido es “el primer interesado en la deslegitimación del discurso de la violencia”, Joseba Egibar, con su conocido sentido de la oportunidad, pasaba sobre esas palabras del líder de su partido una especie de borrador, o echaba sobre esas inteligibles palabras gotas de su, también clásico, líquido de correr las tintas, de emborronar. Refiriéndose, por ejemplo, a las últimas detenciones de Batasuna, afirmaba que quienes las han ordenado “no quieren que desaparezca ETA” o que “la detención de gente que está trabajando para que las vías democráticas se impongan supone un obstáculo más para la apuesta definitiva por las vías democráticas”. A esta anchura del PNV se le ha dado en llamar sus “dos almas”, expresión que me parece impropia, primero porque coloca en un plano horizontal, de igualdad, dos posiciones que, a estas alturas de la tragedia, de ninguna manera significan lo mismo; luego, porque resulta blandamente inexpresiva de lo que de verdad está en juego: nuestra convivencia en libertad, sin condicionamientos violentos.

Creo que la deslegitimación del terrorismo es, sobre todo, una tarea de luz, una responsabilidad de claridades, de mirar y decir a las claras. Una responsabilidad, en ese sentido, deletreada. Que empieza, desde luego, en lo privado, pero que sigue y se multiplica en lo público. Entiendo que el PNV debería no sólo asumirla, sino orientarla, ejemplificar esa responsabilidad deletreada de un modo rotundo, quiero decir, irreversible.

La revista británica The Lancet pidió hace poco a los famosos que no participaran en anuncios, dirigidos a los niños, de refrescos o productos sin valor nutricional. Que una revista médica del prestigio de la citada se ocupe de un asunto como éste, indica de manera elocuente que determinados consumos corrientes y constantes entre los más jóvenes, lejos de ser un juego de niños, constituyen un problema sanitario de calado. Que además esa publicación se dirija a los famosos sirve para subrayar no sólo la influencia que los personajes públicos pueden ejercer, y ejercen de hecho, en la construcción de modelos y en el contagio de comportamientos, sino la responsabilidad que esa influencia implica.

Al lado de la seriedad de este tratamiento, la manera en que las chuches acaban de entrar y de salir del panorama político de nuestro país resulta desalentadora, por no decir que directamente deprimente. Y constituye un ejemplo más de lo poco o de lo mal que aquí se debate políticamente de casi todo; de la cantidad de asuntos que sólo se ventilan a golpes de titular efectista, intercambio epidérmico o pulso demagógico. Es decir, de la montaña de cuestiones que pasan en crudo a engrosar los archivos de lo pospuesto y, sin embargo, urgente; la lista de lo temerariamente pendiente de una reflexión en profundidad, de un debate de máximos, de una argumentación reveladora y posibilitadora de soluciones.

Porque me parece evidente que las chuches, y asimilables, necesitan una solución. Un poco antes de verano se hicieron públicos los datos del último estudio del Ministerio de Sanidad sobre la obesidad infantil; datos que no confirmaban lo sabido sino que lo agravaban: nuestros niños comen mal (pocas verduras y alimentos saludables; muchas grasas y productos precocinados), hacen poco o nada de ejercicio…, lo que determina que el 20% de los niños y el 15% de las niñas sean obesos. Los puntos suspensivos los reservo para el peligro en dulce de los extras: chuches y compañía.

La obesidad infantil es un tema gravísimo que compromete no sólo la salud -es decir, mucha de la felicidad- de quienes la padecen, sino la propia viabilidad del sistema sanitario de todos. The Lancet apela seriamente a una responsabilidad, por pasiva, de los famosos, que no participen en la publicidad de productos que contribuyen al sobrepeso. Creo que a los políticos los ciudadanos estamos en condiciones de pedirles más, de exigirles el ejercicio de una responsabilidad activa. Que se dejen de céntimos demagógicos y que suban (mucho) el nivel del intercambio político, el valor del debate público que hay que aplicar, por ejemplo, a las chuches y asimilables. Productos que necesitan, a mi juicio, un repaso urgente, un etiquetado literal (¿por qué pueden venderse sin lista alguna de ingredientes?) y social que dé cuenta exacta de su composición y del peligro en dulce que entraña su incorporación extensiva y normalizada a la dieta de los niños.

Permítanme iniciar la columna de hoy con un ejemplo tomado de la vida corriente: un análisis de sangre revela que tenemos el colesterol (el malo) muy alto. Hasta aquí nada fuera de lo habitual, ni nada que no pueda tratarse con, además de los medicamentos oportunos, una dieta razonable y una buena higiene de vida. Pero qué pensaríamos si, frente a esa analítica, nuestro médico nos dijera que no tomáramos las pastillas, que no hiciéramos más ejercicio, que no cambiáramos nuestros hábitos alimenticios, que no nos pusiéramos a dieta. O que esos cambios los emprendiéramos a largo plazo. Es posible, aunque poco probable, que pensáramos que nuestro médico es una persona generosa, un santo que no quiere que renunciemos a nuestros placeres, por muy grasos que estos sean. Pero lo más seguro es que nos entrara la duda, más bien la inquietud, por lo original de esa receta, por lo que escapa al sentido común -del común de los médicos y también de los mortales-, a la sabia regla que dicta que cuando uno tiene el colesterol por las nubes debe ponerse a dieta de inmediato, porque prorrogar la situación puede revelarse grave o fatal.

Permítanme ahora deslocalizar este ejemplo tan básico y trasladarlo a un asunto político. Porque se acaban de hacer públicas las conclusiones del proceso de reflexión Gipuzkoa+20, puesto en marcha por la Diputación guipuzcoana para definir los retos de futuro del territorio, y en el que han participado expertos de las cuatro universidades vascas, de Gipuzkoa Aurrera, de las Juntas Generales o de Eusko Ikaskuntza, entre otros. Sus conclusiones, contenidas en el documento Diagnóstico estratégico de Guipúzcoa, señalan que el entramado institucional del territorio es “altamente complejo” y sufre de una “elevada densidad”. Hasta aquí nada sorprendente; convivimos a ojos vista, no sólo en Guipúzcoa sino en el resto de los territorios, con una multiplicación institucional y competencial que superpone gestos y gastos administrativos, lo que lejos de facilitar la gestión pública, la dificulta cuando no la desaprovecha por fragmentación. En fin, que, por seguir con el ejemplo inicial, este documento es como una analítica que señala que nuestro colesterol institucional está demasiado elevado.

El diagnóstico no es lo que sorprende -el sobrepeso de nuestra Administración es evidente-, sino la temporalidad de la receta contenida en ese informe, sus plazos. El documento considera “imprescindible que en los próximos años se someta a reflexión y debate social el modelo institucional y competencial”. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué “en los próximos años”? Con un diagnóstico tan claro y rotundo, y en medio de una crisis que exige el aprovechamiento máximo de los recursos, ese debate sobre la agilización de nuestro entramado institucional debería abrirse ahora mismo. Con el saludable objetivo de que nuestras instituciones se pusieran a una dieta competencial rigurosa, cuanto antes.