Luisa Etxenike

Hace unas semanas el Congreso instó al Gobierno a suprimir varios ministerios, entre ellos, el de Cultura. La moción, impulsada por ERC, se basaba en razones de austeridad administrativa y en la consideración por parte de algunos grupos (CiU, BNG y PNV) de que las competencias de esa cartera deberían estar en las autonomías. El asunto no retuvo durante mucho tiempo la atención mediática -creo que porque el cuestionamiento competencial no se llevó muy lejos-, y por ello no protagonizó ni siquiera un boceto de debate social. Y me parece una pena, otra oportunidad desaprovechada de abrir el melón de un tema que está pidiendo a gritos evaluaciones y reflexiones a muchas bandas y en profundidad. Me refiero al papel y a la responsabilidad de la política en la cultura; a qué tiene que entenderse y apoyarse como cultura desde lo público, en qué condiciones y con qué instrumentos de intervención. El asunto es urgente y amplísimo. Me limitaré en estas líneas a apuntar dos cuestiones.

Insisto en que la moción parlamentaria citada hubiera concentrado más atención y debate si el cuestionamiento competencial se hubiera llevado más lejos, hasta el interior de las propias comunidades autónomas. Por ejemplo de Euskadi, donde reinan multiplicadas, superpuestas, las instancias de gestión cultural. Estamos en crisis y se nos anuncian recortes presupuestarios por todas partes; pues el momento parece el perfecto para interrogarse sobre si es conveniente o, por el contrario, contraproducente mantener tantos niveles de competencias culturales (municipios, diputaciones, Gobierno vasco), si no habrá llegado la hora de resolver esa multiplicación institucional -que en la práctica es división- en alguna fórmula de gestión agrupada que permita una mejor definición de los criterios y un mejor aprovechamiento de los presupuestos culturales. Y el momento perfecto también para dotarnos por fin de una ley de Mecenazgo que permita que las contribuciones privadas vengan a engrosar y a alegrar los recursos que pueden y deben destinarse a la cultura.

La segunda cuestión se refiere a la necesidad, creo que también urgente, de deslocalizar algunos términos del debate cultural, de trasladarlos de la institución al ciudadano. Lo habitual es que se hable de competencias culturales para referirse (como los parlamentarios antes citados) al alcance de los “poderes” que detentan, en esa materia, las distintas administraciones. Entiendo que ese término debería traducirse a más contenidos y, fundamentalmente, al de la evaluación de cuáles son las competencias culturales que los ciudadanos han adquirido, extendido, desarrollado durante el ejercicio de esos poderes institucionales. Qué (in)formación, apertura, disfrute, lucidez han sembrado en la gente esas políticas culturales concretas; y qué procesos creativos han impulsado, con qué seguimiento y proyección. Con el fin de determinar su público sentido.

Se están multiplicando los comentarios y referencias al reciente Informe del Ararteko sobre atención institucional a las víctimas del terrorismo, como otros tantos signos de alerta y preocupación más que motivadas. Porque en ese informe se recoge que casi un 30% de los adolescentes vascos o bien justifican (15%) la violencia etarra o se muestran frente a ella silenciosos o indiferentes (14%). Esas cifras resultan escalofriantes pero no sorprendentes, en la medida en que ambas posturas, tanto el apoyo como el silencio-indiferencia, constituyen la atmósfera cerrada que aún se respira en muchos lugares o ambientes de Euskadi, y en la que esos adolescentes del informe se están criando, con pocas o nulas posibilidades de contraste, apertura o ventilación.

Escribió Augusto Monterroso, con su dolorosa pero sabia y fértil ironía, aquello de que “era un hombre tan pequeño, tan pequeño que no le cabía la menor duda”. Los entornos en los que presumiblemente se desenvuelven muchos de los jóvenes de los que hablamos son espacios donde reina un hermetismo sin resquicios; ámbitos sin hueco para la menor duda. O donde estos jóvenes reciben tan poco aliento para la duda, la réplica, el posicionamiento crítico, que no pueden sino plegarse al viento dominante.

Y hablar de ambiente cerrado, hermético, significa referirse a una responsabilidad colectiva. Entiendo que la justificación y la indiferencia que esos jóvenes muestran frente a la violencia no tienen una sola causa o no se alimentan de una sola fuente. Que son multidisciplinares. Y es muy probable que dependan en gran medida del entorno familiar y social más próximos. Pero también de la incapacidad (más o menos explícita) del sistema educativo para constituirse en modelo alternativo. Y también de la (cuando menos) dejadez institucional que ha permitido durante años a los intolerantes ocupar, impune y megafónicamente, el espacio público con su estela de efectos secundarios. Y creo que a todo esto hay que añadirle la contribución de los medios de comunicación públicos, que no se han caracterizado precisamente por erigirse en paladines (in)formativos de la precisión y la claridad democráticas. Todos son, a mi juicio, factores de esta multiplicación desastrosa que ahora recoge el informe del Ararteko.

Pero si he acudido a ese texto agridulce de Augusto Monterroso es también por el tono. Porque entiendo que nada que afecte a los más jóvenes debe ser abordado desde la sola oscuridad, sin un punto de levedad u optimismo. Los adolescentes tienen todo el sitio del mundo por delante, es decir, terreno de sobra para nuevas siembras de tolerancia. Y aunque no se pueda introducir contramensajes en la intimidad de los hogares, sí puede hacerse desde fuera; en las calles, en los medios de comunicación y desde luego en las escuelas; sí se puede y se debe cimentar desde ahí, con determinación, coherencia y constancia, transformadoras pedagogías democráticas.

No me hacía una idea de lo que podía costar retirar una pintada de una pared, así que lo he preguntado. Las respuestas obtenidas me han sorprendido, la verdad, por su modestia. Los precios van de 8,10 a 20 euros el metro cuadrado, según el método utilizado y la textura de la pared en cuestión. En fin que, incluso poniéndonos en lo peor, no parece que la factura a pagar por un ayuntamiento por ver limpias sus paredes de dianas, amenazas, enaltecimientos e indignidades varias sea nunca demasiado abultada. Más bien al contrario.

Por esa razón -y aunque cuesta comprenderla, se mire por donde se mire- se entiende aún menos la postura del PNV, expresada por su parlamentaria Eugenia Arrizabalaga, que cuestiona la decisión del Departamento de Interior de obligar a los ayuntamientos a retirar carteles y pintadas relacionados con ETA. Considera el PNV que esa decisión es una injerencia que, además, no tiene en cuenta “la escasez de recursos” de los municipios. Es verdad que las crisis, que son por definición periodos de encogimiento, suelen dar también para algunas expansiones, entre ellas las demagógicas. Y sorprende además que el PNV haya pasado en unos pocos meses de considerar a Euskadi poco menos que un país de Jauja, a presentarlo como un lugar de tan escasos recursos que hasta el pago de una cuenta de limpieza, con los costes antes apuntados, puede suponer un descalabro en las cuentas municipales.

En cuanto a la acusación de injerencia, el artículo 4 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo deja poco espacio para la vacilación interpretativa, se expresa con una claridad de arroyo de montaña: “Los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos (…) actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles” de la índole que todos conocemos. Entiendo que la pregunta (parlamentaria o no) que corresponde en este caso no es si el Gobierno vasco puede intervenir sino ¿cómo podría no hacerlo, con qué derecho?

Lo que cueste limpiar las fachadas no parece que vaya a ser nunca muy alto (de todas formas el Departamento de Interior acaba de destinar medio millón de euros a dicha tarea). En cambio, el precio o la cuenta social que supone dejar al aire esos carteles y pintadas ya sabemos que es elevadísima: una inasumible cuenta de contra-pedagogías democráticas, de vicios de convivencia, de pérdida de oportunidades de crecimiento común, de deterioro de nuestra imagen exterior, de derrumbe de la libertad y la felicidad más íntima. A todo eso asciende la factura de mantener esos carteles y pintadas. A su lado, el coste de hacerlos desaparecer de nuestras paredes resulta minúsculo, y no debería verse como un gasto sino como una rentable inversión. No debería tener la consideración de cuenta. O a lo sumo sólo de cuenta atrás, hasta el despegue en Euskadi del respeto civil y de la convivencia digna, sostenidos y bien visibles.

Según el último estudio del Observatorio Vasco de Inmigración, la percepción que nuestra sociedad tiene de la población extranjera no sólo se sitúa en un nivel de aprobado raspado, sino que tiende a degradarse. Cada vez son más los vascos que piensan, por ejemplo, que los inmigrantes abusan de las ayudas sociales; o que de algún modo los asocian con la inseguridad ciudadana. Es decir que, lenta pero sostenidamente, decrece entre nosotros la aceptación y aumenta la desconfianza hacia los inmigrantes. Lo que resulta particularmente inquietante si tenemos en cuenta que en Euskadi el porcentaje de extranjeros es aún bajo (6,1%) y que va a ir en global lógica a más. Y que la crisis no va a escampar mañana mismo, con lo que eso implica de dificultades y tensionados sociales. Parece pues urgente hacer un esfuerzo público-colectivo por situar las percepciones sobre la inmigración en su sitio, porque entiendo que están en más de un sentido y debate deslocalizadas. Devolverlas a su sitio es ajustarlas con la realidad, porque muchas de las impresiones sociales que el citado estudio revela son inexactas. Y resulta llamativo que contribuyendo los extranjeros como el que más (según el Gobierno vasco en 2006 cada inmigrante aportó 1097 euros más que cada autóctono), a la riqueza común, muchos vascos sigan creyendo que se aprovechan de la protección social; o que hay tres veces más inmigrantes de los que en realidad viven en Euskadi.

En mi opinión -y dejando a un lado el hecho de que aquí en materia de identidad nos hemos pasado mucha vida social ahogándonos en un vaso de agua-, éstas y otras distorsiones se deben a un sobredimensionado informativo y mediático del fenómeno, en el sentido de que muchas noticias se deslocalizan o se focalizan sobre la inmigración. Y estoy pensando, por ejemplo, en la violencia de género donde se ha vuelto habitual señalar la nacionalidad siempre que la víctima o el agresor son extranjeros; como si el maltrato a las mujeres no tuviera en todas partes su propia denominación de origen. O en la delincuencia juvenil, que recibe tratamientos más o menos subrayados según la procedencia de los infractores; como si nos hubiera hecho falta la llegada de menores extranjeros para ver a jóvenes insegurizando nuestras calles.

Es muy infrecuente, por no decir insólito, encontrarse con un tratamiento de la inmigración que no incluya, además de esos desajustes de escala, alguna forma de utilitarismo (debemos aceptarlos porque nos conviene) o de problematización. Entiendo que la sostenibilidad y la felicidad sociales pasan por corregir esos abordajes, por sustituirlos por visiones precisas (que impidan la instalación de falsos estereotipos), mestizas o no compartimentadas (que permitan soluciones globales), y sobre todo nutridas de otros ingredientes: como el enriquecimiento cultural que supone; o la simple naturalidad. Porque eso es la inmigración, lo más natural del mundo.