Luisa Etxenike

Seguimos sin tener Ley de Vivienda; su proyecto ha sido presentado tan a última hora ante el Parlamento vasco que ya no podrá debatirse en esta legislatura. De su contenido hemos ido conociendo, con el paso del tiempo, los anuncios, los trailers con las escenas más llamativas, como en el cine. Que esa ha sido otra de las especialidades del Gobierno de Lakua: anunciar cosas a bombo y platillo, darlas por hechas, cuando aún están por hacerse, consultarse, debatirse, observarse en su pertinencia u oportunidad; una constante estrategia del anuncia que algo queda aunque luego todo se quede en nada. (En qué quedó aquel famoso recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. En qué quedará la recompra de pisos protegidos a parados, que acaba de anunciar Madrazo y de rectificar acto seguido el Gobierno).

Son tiempos de intemperie inmobiliaria; recibimos a diario noticias de que la construcción está bajo mínimos o de que los precios han vuelto a caer. Y sin embargo, aunque los pisos están hoy más baratos que hace unos meses, siguen quedando fuera del alcance de la mayoría de los demandantes de una vivienda, lejos aún de sus posibilidades reales. Un reciente reportaje de este diario lo concretaba en cifras aplicables a Euskadi: es difícil encontrar un piso por debajo de los 300.000 euros; para comprarlo haría falta aportar 80.000 y meterse en una hipoteca de mil euros mensuales durante 25 años. Suponiendo que esa hipoteca se consiguiera ahora mismo, mil euros mensuales durante veinticinco años suena, dada la volatilidad del mercado laboral, a una condena de por vida a trabajos forzados y/o a nudo en el estómago.

En estas circunstancias hay que mirar en el sentido de la vivienda protegida que el futuro gobierno deberá impulsar con brío preferente. Pero no sólo en esa dirección, porque la VPO, por mucho que espabile, no da para cubrir ni en extensión ni en tiempo, la demanda puntual. La solución habrá que buscarla en el alquiler. El problema es que vivimos en un país con escasa cultura arrendaticia y además con una arraigada desconfianza en el sistema. Cambiar esa mentalidad social requiere esfuerzos particularmente agudos. Se ha avanzado en ese terreno, existen ya garantías e incentivos públicos para animar a los propietarios a sacar al mercado sus pisos vacíos. Pero es evidente que no bastan; que habrá que diseñar estrategias definitiva o irreversiblemente atractivas, capaces de transformar la desconfianza en tranquilidad, el temor en confort arrendaticio para ambas partes.

Entiendo que la clave de esa transformación está en las reformas. En Euskadi se cuentan aún por miles las viviendas vacías. Muchas de ellas necesitan acondicionamientos profundos. Muchas son tan grandes que, debidamente reformadas, podrían convertirse en dos o incluso tres apartamentos alquilables. Las ayudas para reformas que hoy concede Bizigune son muy limitadas (una financiación de 18.000 euros para obras básicas). Entiendo que hacerlas crecer significativa, imaginativa y generosamente, con la consecuente responsabilidad de los propietarios beneficiados, podría abrir y multiplicar de un modo estable el mercado de alquiler. Concentrar energías en las reformas tendría además la ventaja de crear puestos de trabajo en un sector que el derrumbe de la construcción ha dejado también a la intemperie.

Los consejeros del Gobierno vasco han gastado en esta legislatura más de 1,6 millones de euros en viajes al exterior. De esa cantidad, casi un tercio corresponde al Departamento de Asuntos Sociales. Que los mandatarios políticos realicen viajes oficiales al extranjero es una práctica ampliamente extendida y aceptada, sobre la base de que estén justificados los beneficios que esos viajes aportan a la sociedad que los financia, en este caso, la vasca; es decir, de que le queden claros al ciudadano contribuyente los intercambios comerciales o culturales que se han conseguido, los acuerdos de cooperación o de colaboración científica o académica que se han firmado, qué nuevos horizontes se han abierto para empresas, profesionales o creadores, o qué mecanismos se han activado para ampliar en el exterior el conocimiento de nuestro país o para cimentar nuestro prestigio o influencia internacional.

Si ligáramos la aceptabilidad de esos viajes con el nivel y el detalle de la información que sobre ellos recibimos, tendríamos que concluir que la mayoría son inaceptables. Porque en éste, como en tantos otros asuntos, los ciudadanos vascos estamos subinformados, alimentados como mucho de titulares o de enunciados-cáscara, reducidos a la estricta superficialidad. En fin, que sabemos que nuestros consejeros han viajado, que se han gastado lo dicho, pero lo desconocemos casi todo acerca de los criterios con los que se han constituido las, en ocasiones, amplias delegaciones, los objetivos que esos desplazamientos perseguían, los que se han cubierto y, de manera más general, los frutos -materiales e inmateriales- que han cosechado para Euskadi. Entiendo que informar a la ciudadanía de un modo puntual, detallado y sistemático sobre estos viajes tendría, entre otras, la inestimable ventaja de ponerlos inmediatamente en el debate social, es decir, en el intercambio de ideas y criterios acerca de su utilidad y su sentido.

Ese debate se echa especialmente de menos en el caso de los viajes de Asuntos Sociales, porque, además de suponer casi un tercio de la cantidad antes citada (486.466 euros), están motivados por el deseo de comprobar in situ (Bolivia, Guatemala, Cuba, Palestina, Afganistán o Etiopía) cómo avanzan los proyectos de cooperación apoyados por ese departamento. En una época en que las tecnologías nos permiten comunicar, en tiempo real y con todo lujo de detalles multimedia, con cualquier lugar del mundo, es fácil imaginar mecanismos que permitan un seguimiento eficaz y mucho más barato de esos proyectos. E imaginar también que con los cientos de miles de euros así ahorrados se pueden ampliar esas mismas colaboraciones o inaugurar otras nuevas. O atender emergencias sociales allí o aquí donde se producen. Con la ventaja añadida de que el consejero, al viajar menos fuera, tendría más tiempo para viajar al interior de nuestra realidad social: para personarse oficialmente en los cajeros, bajeras, rincones varios donde duerme tanta gente; o en los lugares donde los menores consiguen adquirir alcohol; o en los pisos patera; o en la experiencia cotidiana de tantos ciudadanos vascos que viven por debajo de lo mínimo, de lo justo. Le quedaría tiempo al consejero para realizar todos esos viajes oficiales, imprescindibles, al centro de nuestro asunto social.

Truman Capote tituló su última novela (que dejó inacabada) Plegarias atendidas, siguiendo una afirmación de Santa Teresa según la cual se derraman más lágrimas por las plegarias que han sido atendidas que por aquellas que quedan sin respuesta. Vendría a ser como una versión más compleja o sofisticada de esa expresión popular que dice: “Ojo con los deseos, porque a veces se cumplen”. Con todo, y a pesar de estas sabias advertencias, creo que la mayoría de nosotros prefiere que sus deseos se cumplan e iniciarse en el año nuevo no sólo con una serie de propósitos y de peticiones sino con la esperanza de verlos realizados y satisfechos. Y lo que vale para la vida privada entiendo que vale también para la pública, porque una parte de nuestra felicidad depende del cómo va la cosa común, de cómo se resuelven los asuntos sociales.

En este comienzo de año voy a conectar mi plegaria ciudadana con unas palabras de Jesús Neira, sin duda una de las personalidades del 2008, que salió en defensa de una mujer y fue tan brutalmente atacado por su agresor que aún sigue, después de varios meses, hospitalizado. Neira recibió hace poco la Medalla de Oro de la Universidad Camilo José Cela y, en el acto de entrega, su mujer, Isabel Cepeda, leyó en su nombre un texto en el que, entre otras cosas pertinentes, decía que “la violencia contra las mujeres debe doler a toda la sociedad”.

“Abril es el mes más cruel”, escribió T. S. Eliot en el inicio de Tierra baldía. Cuando nos referimos a la violencia de género, todos los meses pueden definirse con esa afirmación de crueldad. Pero el peor, en 2008, ha sido diciembre, que se ha cerrado con nueve nuevas víctimas -una de ellas, Clara Rangel, en Rentería-. En todo el año han sido más de sesenta las mujeres asesinadas; una cifra dramáticamente similar a la del año pasado, y a la del pasado, y a la de todos los anteriores desde que se quiera empezar a contar. Y es evidente que ninguna sociedad puede permitirse, ni en la práctica ni en la teoría (es decir, en el territorio de sus principios y valores más fundacionales), semejante sangría, semejante goteo espeluznante.

Y sin embargo, la violencia machista no es vista todavía como una cuestión social prioritaria (una reciente encuesta revelaba que menos del 3% de los españoles piensa que se trata de un problema grave) ni como una responsabilidad de todos. Conseguir que esto cambie radicalmente, que la violencia de género se aborde como una auténtica emergencia social y “le duela -en palabras de Jesús Neira- a toda la sociedad” es una tarea colectiva, fundamental y urgente.

En ella voy a concentrar mis deseos para este año, que ojalá sea visiblemente nuevo. Entre otras razones, porque estoy convencida de que la violencia machista es como la madre de todas las violencias, en el sentido de que constituye para muchas personas (y desde luego para muchos niños) el primer contacto, y por ello el más significativo y determinante, con la realidad del irrespeto, la intolerancia, el abuso de poder, la apropiación indebida del otro. Lo que la convierte en una escuela inicial, iniciática, de comportamientos contra-afectivos y antisociales. Atajarla de raíz, en su misma fuente, significaría no sólo acabar con ella, sino con otras muchas violencias que de ella se nutren, que son su consecuencia. Tal vez, por fin, en el 2009.